"Si bien Chile ha sido relativamente ágil en la virtualización de varios trámites (...) y tiene uno de los mayores índices de conectividad en la región, cuenta con poco desarrollo de políticas de uso, marcos regulatorios y normativa vigente relacionada con la protección de datos y privacidad".

*Por Daniel Marquesim, Gerente de Tecnología y Portafolio de CoasinLogicalis.

Vivimos una revolución digital sin precedentes, que está cambiando la forma en que producimos, vendemos, compramos y nos relacionamos. Por esta razón, durante años Chile ha buscado ser un pionero y un polo tecnológico en Latinoamérica a través de la transformación digital, con una alta tasa de adopción e inversión.

Según el Índice de Transformación Digital de Empresas (ITD), un estudio desarrollado por Corfo, la Cámara de Comercio de Santiago y la consultora PMG, existe un avance importante de las empresas chilenas en tecnología, pero aún no hay niveles de maduración esperados. Pese a esto, se sigue acelerando la adopción digital para agilizar los procesos productivos y de negocios. 

La maduración digital no es un tema al azar. De hecho, el último estudio Fast-track to future-ready performance de Accenture asegura que este nivel aumenta en un 50% la productividad, eficiencia y el crecimiento de las empresas. A pesar de esto, solo un 7% de las organizaciones a nivel mundial cuenta con un nivel de madurez operativa alto. 

Es importante comprender que la transformación va más allá de la implementación y ejecución, ya que implica cambios estructurales en los procesos que construyen la maduración digital. En el caso del 5G, por ejemplo, Chile será un foco de inversión, y si bien estamos en el camino hacia su adopción, implementación y despliegue, será un desafío enorme ya que aún ni siquiera se avanza en un marco regulatorio. 

Chile, un referente en el subdesarrollo. Desde fines de los años 90 se ha observado una clara adopción tecnológica en el país. Pero desde entonces han existido hackeos, vulneración de datos e incidentes graves. Es un riesgo latente e inherente con los ecosistemas digitales. 

Si bien Chile ha sido relativamente ágil en la virtualización de varios trámites, incluida la declaración de impuestos y facturación electrónica, y tiene uno de los mayores índices de conectividad en la región, cuenta con poco desarrollo de políticas de uso, marcos regulatorios y normativa vigente relacionada con la protección de datos y privacidad. Tampoco existe una institución que regule el uso de la tecnología y se preocupe, por ejemplo, por la ciberseguridad. Todo está tercerizado.

Precisamente, un caso de estudio será la implementación del 5G. Hay dinero y espacio para desarrollarlo y desplegarlo, pero aún falta regulación que explique cómo vamos a usarla de manera confiable y responsable. Ciertamente, será una de las debilidades que tendrán los servicios basados en la red 5G.

Un buen método para regular su implementación incluye auditorías de seguridad con controles específicos para las industrias. El gran dilema será quién regulará la seguridad de esta nueva red. Hoy en día el 4G no cuenta con grandes amenazas, pero los servicios que se trabajen sobre 5G crearán cientos de casos de usos que creará riesgos de ser hackeados.

El país vive momentos de desarrollo importante. La tecnología ha permitido sortear uno de los momentos más exigentes y demandantes. Pero, aunque ha sostenido la continuidad operativa de instituciones estatales y privadas, el riesgo que supone operar en un ecosistema digital requiere de acciones estratégicas ahora.

Hoy se avanza en una política nacional de inteligencia artificial, pero falta avanzar en la ley de ciberseguridad y privacidad de datos. Por eso, y por el tremendo potencial de desarrollo e inversión que tiene Chile en tecnología, se debe gestionar y garantizar su regulación. 

Los cibercriminales se organizan y no descansan hasta lograr sus objetivos. No importa si es robar, vender bases de datos con información sensible o detener una operación con un ransomware. Más allá de tener los recursos para adquirir tecnología, ¿cómo validamos que los nuevos entornos sean más seguros? ¿cómo medimos la eficiencia y evolución en el uso?, ¿cómo garantizamos la madurez y los procesos en momentos de crisis y más importante aún?, ¿quién o quiénes serán responsables de hacerlo?