En cuestión de horas. Ese fue el periodo de tiempo que le tomó al gobierno de Perú, tras declarar una de las cuarentenas más radicales del mundo a mediados de marzo, desarrollar los mecanismos para monitorear el desplazamiento de las personas y trazar el mapa de calor del COVID-19 y contener así su propagación.

Así, desde la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros se desplegó la aplicación Perú en Tus Manos y la Encuesta Nacional COVID-19, que fue lanzada a 40 millones de celulares por los cuatro operadores móviles del mercado.

Tanto la aplicación como la encuesta levantaban información sobre sintomatología y posibles riesgos de la enfermedad. En el caso de la encuesta, esta usaba tecnología de códigos cortos y se podía responder desde un teléfono móvil de gama baja sin conexión a internet.

“Toda la información recogida es subida a la nube de IBM con datos anonimizados y se desarrollan algoritmos de inteligencia artificial (IA) para determinar el porcentaje de riesgo de las regiones. Combinamos tecnología antigua, como la de códigos cortos, con una disruptiva, como la IA, para tomar decisiones. A través de la aplicación, que tiene todas las políticas de privacidad, el ciudadano puede compartir su ubicación. Con la encuesta nacional pudimos conocer la situación del virus en las zonas más recónditas donde no hay conectividad y hay ciudadanos sin saldo de llamada”, dice Marushka Chocobar, secretaria de Gobierno Digital en Perú.

La información recogida se compartió con el Ministerio de Defensa que estuvo a cargo de la Operación Tayta, iniciativa del Ejecutivo para identificar y atender a la población vulnerable de esta pandemia. A pesar de que al gobierno de turno le llovieron las críticas por el manejo de la pandemia, Chocobar reconoce que desde el inicio estaba claro que esta iba a ser difícil de manejar.

“La estrategia se centró en proteger a los vulnerables. Sabíamos que la ola del COVID iba a pasar, pero queríamos que no afecte al vulnerable. La información de estas dos plataformas (encuesta nacional y app) es un insumo más para la toma de decisiones basada en datos para gestionar esta pandemia”, dice.

Más allá de la discusión sobre la efectividad del manejo de esta, lo que llama la atención es la agilidad, rapidez y la colaboración con la empresa privada con la que el gobierno trabajó para implementar estas medidas que, en otras circunstancias, hubieran tomado meses e incluso años. Y es que el país ya había tomado los primeros pasos para que el gobierno digital sea una realidad. Así, tras la creación de la Secretaría de Gobierno Digital en 2017 y la declaración de interés nacional de gobierno digital de la innovación de la economía digital, se creó la base normativa que permitió reaccionar inmediatamente.

“El alinear el marco normativo fue habilitante para realizar estas cocreaciones. No hubiera existido manera de hacerlo solos. El marco regulatorio ha sido importante y, obviamente, la voluntad política y privada también”, dice Marushka Chocobar.

Chile, país que encabeza en América Latina el Índice Govtech de Iberoamérica 2020 realizado por la CAF, había mostrado grandes avances en esta materia. A inicios de 2019, la División de Gobierno Digital del Ministerio Secretaría General de la Presidencia ya había desarrollado la Estrategia de Transformación Digital del Estado y se había enviado a las instituciones públicas el primer Instructivo Presidencial de Transformación Digital, con metas claras definidas para tres líneas de acción: Cero Filas, Cero Papel e Identidad Digital.

Gracias al trabajo colaborativo con la empresa privada,  la Secretaría de Gobierno Digital de Perú pudo crear distintas aplicaciones para gestionar trámites online.

Tras la irrupción de la pandemia, el Gobierno Digital chileno puso a disposición de las instituciones plataformas transversales gratuitas, orientadas a apoyar sus procesos de transformación digital.

“A través de la herramienta digitalizadora de procesos de baja complejidad muchas instituciones automatizaron y digitalizaron trámites y procesos de forma amigable, rápida y sencilla”, dice Carlos Gómez, jefe de la División de Gobierno Digital del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de Chile (SEGPRES). “Comisaría Virtual es una de las herramientas más destacadas en esta pandemia para Carabineros. Esta plataforma –originalmente diseñada para dejar constancias– en el contexto de la pandemia ha sido indispensable para otorgar permisos temporales y salvoconductos, a través de internet, a las personas que viven en lugares en los que rige cuarentena obligatoria. A la fecha, Comisaría Virtual ha cursado más de 140 millones de trámites”.

De esa forma, el COVID-19 ha puesto en evidencia la urgencia de la digitalización del sector público. Afortunadamente, muchos países han empezado a dar los primeros pasos para mejorar la relación con los ciudadanos, respondiendo a sus necesidades y tratando de romper la cultura de la tramitología y alta burocracia en el aparato estatal. Y es precisamente en este punto donde el ecosistema govtech se convierte en una gran oportunidad para crear un nuevo tipo de alianzas público-privadas para la innovación en el sector público.

“La pandemia ha hecho que la agenda govtech, que era consideraba como algo importante, hoy sea urgente” dice Idoia Ortiz, directora del Publich Tech Lab de IE University. “Esto es fundamental para los cambios en la administración pública y en organizaciones que son muy rígidas y necesitan un gran shock para incentivar estos cambios, y la pandemia lo ha sido”.

Carlos Santiso, director de Innovación Digital del Estado de CAF, concuerda con Ortiz: “Si antes en la región la agenda digital era importante, ahora es imprescindible. Muchos de los gobiernos se encontraron con un nuevo concepto de resiliencia digital. Los que no habían avanzado mucho tuvieron más problemas y dificultades para encontrar soluciones. Por ejemplo, en el caso del Perú, los pagos digitales y las transferencias monetarias (bono universal) se hicieron en cash y fue complejo. No obstante, la agenda de transformación digital de las burocracias y de la administración pública se está acelerando y muchas de las trabas que existían de índole normativa, e incluso, presupuestaria se redujeron”, dice.

Muestra de ello, según Santiso, es el debate sobre la protección de datos personales que es un tema muy sensible y que se levantó nuevamente por las aplicaciones de trazabilidad. “Un país como Uruguay, que ya iba avanzado con la historia clínica digital se encontró con menos problemas para luego atender la pandemia y manejar la privacidad de los datos y el bien común, porque tenía un marco normativo operativo que le permitió responder”, dice.

Elefante blanco bajo en grasa

Tras la declaratoria de estados de emergencia, los gobiernos priorizaron la digitalización de trámites de servicios, impulsando proyectos que ya venían funcionando, o empezando otros desde cero.

En el caso de Chile, a través de su sistema de autenticación digital de Clave Única, los ciudadanos pueden acceder a 927 trámites del Estado. Desde su lanzamiento, en julio de 2012 y hasta marzo de este año, ya se habían activado alrededor de seis millones de usuarios, lo que representa una promedio de 65.000 nuevos usuarios por mes.

“Desde el 18 de marzo, fecha en que se decretó el Estado de Catástrofe por Pandemia en este país, ante la mayor necesidad de los chilenos de realizar sus trámites de manera remota y poder acceder así a los servicios y beneficios del Estado, se han activado más de tres millones de nuevas Claves Únicas, es decir, la tasa de activación promedio mensual aumentó en un 600% en este periodo de pandemia. Actualmente, tenemos más de 9,6 millones de Claves Únicas activadas”, dice Carlos Gómez. “A raíz de la pandemia el promedio de inicios de sesión con Clave Única saltó de 8,5 millones mensuales a más de 50 millones, mientras que el número mensual de usuarios escaló de un millón a más de 4,5 millones”.

En Colombia, el marco normativo de política pública ha impulsado la innovación pública y la agenda govtech. Así, por primera vez el plan de desarrollo nacional del país incluye un capítulo sobre este tema.

“Cuenta con 167 proyectos de transformación digital del Estado priorizados para empezar la implementación. El marco normativo de política pública está alineado con el desarrollo del ecosistema govtech y de la innovación pública. Con la firma digital y electrónica prácticamente quitamos el papel de cualquier tipo de transacción, porque ya veníamos haciéndolo con la factura electrónica”, comentó Sergio Mendoza, gerente de Conexión y Experiencias en Innpulsa, agencia de emprendimiento e innovación del gobierno nacional colombiano, durante el webinar “Cómo govtech está transformando los gobiernos en América Latina”, organizado por Apolitical, una red que conecta a servidores públicos.

En el Perú, antes de la pandemia, ya se había priorizado la digitalización de los 100 servicios más demandados, gracias a la analítica recogida en gob.pe, la plataforma digital única del Estado Peruano. De esta forma, ante la necesidad de contactarse con los ciudadanos de manera no presencial, las entidades públicas dispusieron mesas de partes digitales conectadas con sistemas de gestión documental.

Esta especial coyuntura también dio espacio para el resurgimiento de la firma digital. “La necesidad de legalizar firmas se ha convertido en algo obsoleto. Además del ahorro de tiempo, porque no es necesario movilizar documentos y personas para tramitarla, en época de pandemia conlleva a una inmensa oportunidad de cuidar la salud de los que normalmente son los firmantes”, dice Renzo León-Velarde, gerente general de Digiflow, empresa de transformación digital.

Boom de laboratorios

Gran parte de las iniciativas desplegadas se debió a que muchos gobiernos –nacionales, provinciales y distritales– crearon laboratorios de innovación pública para acercarse el resto de actores del ecosistema govtech, agilizar el trabajo colaborativo y la innovación abierta.

Es el caso Corlab, laboratorio de Innovación Pública y Social de la Municipalidad de Córdoba en Argentina. Alejandra Torres, secretaria de Modernización de dicho municipio explica que en ese espacio se registran, presentan, visualizan y le dan la oportunidad a las soluciones de startups de que en una prueba piloto la ciudad pueda experimentar sus soluciones o aplicaciones, y ver los efectos que producen.

“Es fundamental trabajar en esta articulación público-privada que nos otorga la posibilidad govtech, porque las administraciones públicas, especialmente las de América Latina, son bastante lentas y sus funcionarios están poco adaptados a las nuevas demandas que requiere una ciudad más moderna. Govtech es el terreno adecuado para buscar soluciones a las demandas puntuales de la gente”, dice. “La articulación con los emprendedores digitales nos da soluciones mucho más ágiles, dinámicas y rápidas para atender no solo la demanda de la gente, sino también la recolección de datos que son insumos fundamentales para tomar decisiones”.

En Colombia, hace un año y medio se creó MiLAB, laboratorio de innovación pública del Gobierno Nacional, operado por Innpulsa, con el apoyo de la CAF.

“Decidimos lanzarnos al agua con las metodologías que pueden ser útiles para acompañar a las entidades públicas en la solución de sus retos públicos y, a través de la innovación abierta, empezamos a encontrar mucho interés de parte ellas en conectarse con la comunidad de emprendedores para solucionarlos”, dice Sergio Mendoza, de Innpulsa. “En la medida en que rápidamente empecemos a probar, experimentar y entender cómo es la dinámica real de este trabajo con entidades públicas y el ecosistema de emprendedores, nos va a permitir avanzar mucho más rápido. Buscamos los actores que lideran este tema y estamos arrancando un convenio con la CAF para desarrollar esa metodología propia de laboratorio. Vamos a pilotear con siete entidades e impulsaremos el ecosistema govtech”.

En Perú, en diciembre de 2019, se creó el Laboratorio de Gobierno y Transformación Nacional, que ha sido un vehículo clave en esta pandemia para la implementación de soluciones.

“El laboratorio nos ha permitido, durante los meses más difíciles de la pandemia, cocrear con el sector privado. Juntamos desarrolladores de ambos sectores para crear soluciones y hacer analítica de datos. Nos reuníamos diariamente con el Gobierno de Corea, con el que tenemos un convenio de cooperación, empresas privadas, que pusieron expertos en arquitectura de nube, desarrolladores y especialistas en analítica de datos y el Estado. Antes, la función de la academia y la sociedad civil era simplemente consultiva. Con el laboratorio y otros decretos de urgencia los involucramos”, dice Marushka Chocobar.

Idoia Ortiz, de Publich Tech, considera que esto es un paso clave. “Lo más importante, es que existe una demanda por parte de las administraciones públicas, y para ello es necesario un ecosistema emprendedor con innovación bastante boyante para que den soluciones que probablemente ya la están dando en otras industrias, pero que también lo puede hace en el sector público”, dice.

Y es que si bien en algunos países la agenda govtech corre por cuenta del gobierno nacional, en otros es impulsada –y con mucho éxito– a nivel municipal.

Para Mauricio Sestopal, cofundador de MuniDigital, empresa cordobesa que desarrolló una plataforma de gestión de reclamos para municipales, y que ha sido objeto de estudio de la CAF, considera que el modelo descentralizado contribuye porque “nadie conoce más lo local que el propio alcalde”. “América Latina es una región sub municipalizada, no hay muchos municipios ante tan vasto territorio. España, tiene 8.800 municipios, mientras que Argentina solo 2.200. Esas diferencias son las que denotan que la descentralización contribuye. Los alcaldes tienen una responsabilidad muy importante para dar respuesta ante el COVID desde su propio lugar, con su propio equipo y con transparencia”, dice.

Alejandra Torres, secretaria de Modernización de la Municipalidad de Córdoba y Martín Bono y Mauricio Sestopal, fundadores de la govtech cordobesa MuniDigital.        

En ese sentido, Carlos Santiso, de la CAF, dice que si bien antes las grandes ciudades como Buenos Aires, México o São Paulo eran las más avanzadas, hoy los pequeños municipios se dan cuenta de que necesitan acelerar esto, inclusive a través del apoyo del gobierno central.

“Hay una aceleración muy fuerte de que el futuro es digital y también para la burocracia deben surgir algunas agendas específicas. Una muy fuerte es el tema sobre los datos de la privacidad y la identidad digital, porque no se puede tener una economía digital o comercio electrónico sin una manera de autentificar la identidad”, dice.

El lastre de la contratación pública

A pesar que muchos países ya tomaron los primeros pasos en el andar govtech, el camino para lograr un ecosistema sólido aún no está allanado. El engorroso proceso de contratación con el Estado es uno de los grandes obstáculos a derribar para convertir a startups en proveedoras capaces de agregar valor a lo púbico y lograr así una nueva forma de colaboración público-privada exitosa.

En Colombia se creó una agencia pública para promover la compra pública innovadora y dar sí transparencia en la contratación en este sector, pero tras las nuevas disposiciones en el gobierno nacional se viene reestructurando para generar mecanismos de una compra pública eficiente.

“En la regulación colombiana ni siquiera estaba permitida esa pequeña cuantía para probar las innovaciones. Actualmente, desde el Ministerio de Comercio y desde Innpulsa venimos tramitando una ley de emprendimiento que incluye un capítulo de compra pública para emprendedores, y la posibilidad de que estos puedan entrar en estos procesos de compra directa de mínima cuantía”, dice Sergio Mendoza.

Marushka Chocobar, de Perú, reconoce que las compras públicas inteligentes en temas digitales son una tarea pendiente. “Impulsamos el ecosistema digital y los emprendimientos digitales, pero el Estado no es capaz de comprar por sus estructuras. Tenemos que pensar en modelos diferentes de compra, que también pasan por los financiamientos internacionales que permiten este tipo de compras y ciertas flexibilidades para impulsar el emprendimiento, sobre todo para comprar soluciones disruptivas. La IA, la ciencia de datos, todo lo que es analítica, es reciente. Las empresas no van a tener ocho años de experiencia en IA aplicada al Estado y tampoco hay talento para contratar a gente”, dice.

Para Enrique Zapata, especialista principal en la Dirección de Innovación Digital del Estado en CAF, este tema es clave, teniendo en cuenta que en América Latina el 99% de los negocios son micro, pequeñas y medianas empresas que emplean a cerca del 60% de la población productiva.

“Estas pymes tienen muy bajo valor agregado, cerca del 2%, contra por ejemplo lo que pasa en España, que está cerca del 20%. Govtech es un sector que apoya a las pymes, sobre todo las de alto valor agregado enfocadas en tecnología”, dice. “Detectamos que alrededor del 20% de las pymes en toda la región podrían, de una u otra forma, caracterizarse como govtechs. El gran problema que tienen es que no se ven como tal, porque que el tema es nuevo y como dice la frase, ‘lo que no se nombra no existe’, tenemos que hacer ahí una labor de sensibilización”.

Según la experiencia de Renzo León-Velarde tras trabajar con entidades públicas peruanas, hay un divorcio entre lo que el mercado ofrece y lo que el Estado está dispuesto a implementar.

“Hay muchas soluciones que ya están disponibles en el mercado, pero el Estado las desarrolla por su cuenta. Varias entidades, como Sunat, prefieren hacerlas ellas mismas por un tema de seguridad. Una herramienta desarrollada en el sector privado puede ser promovida por el Estado, pero es muy difícil que sea usada por este”, dice.

Para Idoia Ortiz, esto debe cambiar porque existe demasiada innovación en el mercado que no se acerca a las administraciones públicas. “Eso a corto, medio o largo plazo, tiene una consecuencia real, que es ampliar la desigualdad que hay en el acceso a servicios de valor agregado”, dice.

En ese sentido, Martín Bono, fundador de MuniDigital, asegura que tras la experiencia de acelerada digitalización en tiempo de pandemia, desde el ciudadano hasta los funcionarios han visto el beneficio de esta, y no hay punto de retorno. “Hay incertidumbre sobre lo que va a pasar hacia adelante, pero lo que es seguro es que la tecnología va a ser un medio para que se pueda vincular en este cambio a la ciudadanía y el gobierno”, dice.

América Latina se enfrenta a un nuevo escenario post pandemia. Todos los especialistas consultados para este informe coinciden en que las cosas ya no volverán a ser como antes y la digitalización será una parte importante de nuestras vidas.

En este sentido, la construcción de un ecosistema govtech sólido será crucial para optimizar a eficiencia del Estado, pero también mejorar la experiencia de los ciudadanos.

A pesar de que el gobierno peruano recurrió a los canales digitales para el pago de subisidios a los más vulnerables, gran parte de los beneficiados optó por ir presencialmente a los bancos.