En Uruguay, cada vez que el sospechoso atiende o realiza una llamada, suena un teléfono en la unidad policial que lo está investigando.

Toda vez que el fiscal de un caso pide una interceptación de llamadas, correos electrónicos o mensajes de texto, el juez envía el oficio a la empresa que corresponda (Antel, Movistar o Claro), donde deberá establecer los números que se deben interceptar y por qué plazo.

Los ingenieros de la empresa telefónica efectúan la intervención y cada vez que el sospechoso atiende o realiza una llamada, suena un teléfono en la unidad policial que lo está investigando. Allí un policía se coloca los auriculares y comienza a grabar la conversación. Siempre se verifica que coincida el total de las escuchas con el material grabado en el soporte informático, para asegurarse que toda la información interceptada sea enviada al juzgado.

En los informes que realiza la Policía, las llamadas son divididas en dos categorías: social y profesional. Y cuando surge el indicio de alguna situación ilícita, se lo señala expresamente al juez.

En agosto de 2013 el Ministerio del Interior informó en el Parlamento que en esa cartera operan 21 servicios que realizan escuchas telefónicas legales. “En el Ministerio del Interior hay 21 sistemas caseros. Básicamente, es un sistema de grabación de audio, todos ellos independientes”, afirmó en la Comisión de Constitución y Códigos, el entonces asesor en telecomunicaciones de dicha cartera, Claro Taroco.

En las jefaturas de Policía del país hay habitaciones con teléfonos o computadoras con auriculares destinadas a realizar las escuchas cada vez que los sospechosos se conectan por celular o teléfonos fijos. Además, la Policía cuenta con tres unidades especializadas que también efectúan escuchas: la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, la Dirección de Crimen Organizado e Interpol y la Dirección Nacional de Inteligencia. Otros organismos que también efectúan interceptaciones telefónicas son la Dirección de Investigaciones y Narcóticos de la Prefectura Nacional Naval, Aduanas, y la Dirección Nacional de Inteligencia de Estado (que depende del Ministerio de Defensa. Por eso en total hay 25 dependencias estatales que realizan escuchas.

Si en las conversaciones surgen indicios de otra persona que despierten interés de cara a lo que se investiga, la Policía pide la autorización judicial. La información recabada sin autorización del juez debe ser considerada nula, por ser ilegal.