Problema se originó cuando el Presidente Mujica asingó un canal digital de aire al consorcio Giro, conformado por las cooperativas La Diaria (de línea editorial de izquierda).

El ceño fruncido y el gesto adusto de la cara del ministro Roberto Kreimerman (Industria) en la conferencia de ayer lo decían todo. El proceso para la asignación de nuevos canales digitales para Montevideo se terminó de entreverar. El presidente José Mujica volvió sobre sus pasos y pasó por encima de sus críticas de hace menos de un mes, para darle un canal digital de aire al consorcio Giro, conformado por las cooperativas La Diaria (de línea editorial de izquierda) y Demos, el cual había resultado mejor puntuado por la Comisión Honoraria Asesora Independiente (CHAI).

Sin embargo, hace un mes la historia fue otra. El 25 de setiembre el presidente anunció que se había decantado por las propuestas de la señal de cable VTV (vinculada a la empresa Tenfield, propiedad del empresario de fútbol Francisco Casal) y del consorcio Pop TV (integrado por la productora Oz Media y la editorial Bla), porque Giro no presentaba respaldo económico suficiente, tal como sugirió la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (Ursec). Pero ayer revirtió esa resolución y firmó un decreto para asignar un canal a Giro y otro a VTV.

Esa decisión se tomó sobre el mediodía, luego de analizar una carta que Pop TV  envió sobre la hora 9 al ministro Kreimerman, en la que denuncia presuntos incumplimientos de Giro y maneja como posibilidad iniciar demandas contra el Estado. Refirió a la inclusión de documentos e información fuera de hora por parte de su competidor. También indicó que la información de su proyecto comunicacional respecto a la accesibilidad de los programas fue aportada cuando los proyectos estaban presentados, por lo que se trató de una aclaración “a cartas vistas” que alteró el principio de igualdad. Giro obtuvo una puntuación destacada en ese rubro en comparación al resto.

Según dijeron a El Observador fuentes del gobierno, esa carta de Pop TV impulsó a tomar la decisión. “Mostraron las cartas”, dijo a El Observador una fuente de gobierno. Según explicó el informante, juristas del Poder Ejecutivo le dieron la tranquilidad a los jerarcas de que cada una de las advertencias de ese consorcio se pueden “levantar” en la Justicia Administrativa.

Ese punto de vista lo ratificó el director de Jurídica del Ministerio de Industria (MIEM), Carlos Roselló. En conversación con El Observador, el abogado recordó que en su proyecto de resolución, cuando tenía a la vista los informes de CHAI y Ursec, recomendó al MIEM asignar un canal a Giro, porque en ese momento –y a diferencia de lo que opinó Mujica e Industria– las cooperativas La Diaria y Demos sí demostraban capacidad económica para manejar un canal.

“El acto del Ministerio de Industria está debidamente fundado jurídicamente”, insistió Roselló. El director de jurídica del MIEM consideró que el reclamo difundido por el consorcio Pop TV es “incorrecto” y “jurídicamente inexacto”.  Según el subsecretario de Industria, Edgardo Ortuño, “es probable” que otros interesados –tanto nuevos como actuales– presenten recursos.

El director de Oz Media, Pablo Arriola, dijo anoche a El Observador que cuando le llegue la notificación formal analizará por qué vía presentará el reclamo. Tiene dos posibilidades: una dentro de la Justicia administrativa, y otra en la civil. Arriola sabe, de todos modos, que la asignación difícilmente pueda “tirarse para atrás”.

La información que aportó Giro presuntamente fuera de tiempo (a juicio de Pop TV), estuvo dentro del mecanismo previsto por el pliego de bases y condiciones, según entienden en el Poder Ejecutivo.

A Mujica se convenció de dar vuelta su decisión inicial, el hecho de que los cooperativistas de Giro comprometan su patrimonio para invertir en el proyecto, dijeron a El Observador fuentes de Presidencia. Esa información, de todos modos, estaba presentada en la parte 1 de la propuesta, donde los privados debían detallar sus estados patrimoniales, por lo que más allá de formar parte de las “aclaraciones” de Giro, no era un dato nuevo.

 Ortuño, admitió también ayer que parte de la financiación esperada por Giro llegará de organismos extranjeros dedicados a apoyar proyectos cooperativos. Además, las cooperativas apelarán a otras herramientas financieras como un fideicomiso creado con ingresos de publicidad, la venta de obligaciones negociables, y préstamos del Fondes. “En la resolución inicial hicimos hincapié en que los puntos sobre la capacidad económica debían ser aclarados. Esa es la palabra exacta, en el sentido de clarificar, porque así como se habían presentado la primera vez, no eran suficientes”, dijo Kreimerman ayer.

Mujica se fue

Pasadas las tres de la tarde de ayer, en la sala de prensa de Torre Ejecutiva estaba todo dispuesto para que Mujica participe del anuncio. Así lo habían informado funcionarios de Presidencia. Pero minutos más tarde, sacaron una silla y una copa de la mesa. El mandatario se fue al acto de renuncia de uno de sus pollos políticos, el director de Colonización, Andrés Berterreche. Cuando El Observador le preguntó a Kreimerman por qué no estaba Mujica en la conferencia, ya que se trataba –como calificó Ortuño– de un momento “histórico”, el ministro sonrió y buscó complicidad en el subsecretario. Explicó que el presidente les había ordenado que fueran ellos los encargados de comunicar las novedades, y actuó en consecuencia.

Pop TV tiene dos vías para recurrir el decreto

El consorcio Pop TV iniciará acciones legales contra el gobierno, según anunció ayer en un comunicado. El 25 de setiembre, el gobierno a través del Ministerio de Industria, le notificó a Pop TV que, junto a VTV, eran los autorizados para operar  canales de televisión digital en Montevideo. El abogado Juan Andrés Ramírez explicó ayer a El Observador, sin hablar de este caso en particular, que hay dos formas de accionar contra decisiones de la administración. Una es la “vía anulatoria” que comienza con la presentación de un recurso de revocación. Al haber una denegatoria ficta o expresa, o que transcurra cierto plazo sin respuesta, se podrá recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para pedir la anulación del llamado por violación de regla de Derecho. Seguramente en ese caso se harán valoraciones sobre una violación de principios legales y de la licitación. El otro camino es la “vía reparatoria”. Ramírez señaló que luego de la última reforma constitucional se puede ir directamente a la Justicia ordinaria a reclamar daños y perjuicios por una decisión que tomó la administración ante lo que se entiende como una actuación ilegítima del Estado. También se puede escoger ir primero por la vía anulatoria y luego por la reparatoria pero no en forma simultánea. En el último punto del comunicado de Pop TV se adelantó que “en caso de que el Estado asigne el llamado a un oferente que incumplió de manera flagrante con los requisitos del Pliego (refiriéndose a Giro), el Estado incurrirá en responsabilidad civil, así como se configuran todos los elementos para anular el acto administrativo por violar el principio de igualdad de los oferentes entre otras normas y disposiciones legales”.