El quehacer de un juzgado o de una firma legal posee elementos comunes: abogados con una memoria prodigiosa, apoyados por solícitos asistentes; archivos de expedientes que llegan hasta al techo; libreros llenos de grandes volúmenes con lomos de piel; tinterillos revoloteando; papeles, muchísimos papeles. Pero esa imagen añeja está siendo transformada por la llegada de la tecnología.

La conservadora industria jurídica ahora se está transformando más rápido que en los últimos 50 años, a través de las Legaltechs, empresas que aplican la tecnología a la prestación o comercialización de servicios legales.

Aunque todavía no existen los “Unicornios” (empresas con un valor de US$1.000 millones o más en su etapa de levantamiento de capital) de sectores como Fintech o el Proptech (empresas inmobiliarias digitales), ha comenzado la irrupción de la transformación tecnológica
en la industria judicial. Y hoy se puede hablar de un boom en Norteamérica y Europa.

Po ejemplo, el volumen de la inversión Legaltech en Estados Unidos, donde está más de la mitad de las empresas del sector, aumentó exponencialmente en los últimos dos años: de US$230 millones en 2017, a US$1.660 millones en 2018.

El origen de Legaltech se puede encontrar en el ecosistema emprendedor de Silicon Valley, específicamente en la Universidad de Stanford, en la década de los 90, cuando se crea The Stanford Center for Computers and the Law (Codex), un centro de investigación interdisciplinario de ciencias computacionales operado por las escuelas de Derecho e Ingeniería. Es allí donde empiezan a surgir las primeras startups que buscan solucionar los problemas o retos de los operadores jurídicos. “Codex es una iniciativa que no tiene parangón en el mundo; ellos determinaron el future law”, sentencia Guillermo Miranda, director general de la empresa Lucius Report, una Legaltech latinoamericana.

Por muchos años, cuando una empresa tenía una necesidad legal, debía ir a su departamento legal y si en algún momento necesitaba más experiencia, tenía que acercarse a una firma de abogados. Un modelo de negocios sumamente lucrativo para las firmas especializadas, pero no para sus clientes. Es así como Legaltech viene a hacer expeditos los lentos procesos de la profesión legal. Y la tecnología lo primero que hizo fue codificar el conocimiento (estatutos, precedentes y regulaciones) y toda esa información contenida en los grandes volúmenes que llenan los libreros de las firmas.

Para el año 2000, ya existía un crecimiento acelerado de las empresas Legaltech, pero limitado al mercado estadounidense por parte de pequeños emprendimientos que atendían requerimientos poco complejos. Pero solo en 2010 en adelante Legaltech explota el 84% de estas empresas fueron creadas después de ese año. “Es curioso, porque hasta ese momento no permea otros países, otras jurisdicciones. La misma Universidad de Stanford es la que busca tener un impacto más allá de Estados Unidos y crea una red global de universidades que tiene la capacidad de integrar escuelas de informática, de tecnología, de ingeniería, con escuelas de derecho, para crear los equipos de investigación que sean capaces de trabajar en Legaltech”, explica Javier de Cendra, decano de la escuela de derecho de IE Law School, de España.

De esa misma manera se extiende el concepto por Europa, especialmente en el Reino Unido y otros países que comparten el mismo sistema jurídico, el Common Law. Llega a Europa continental, a los países más internacionales como Holanda, de donde se extiende a Alemania, y luego a toda Europa, adaptando las soluciones al sistema judicial basado en el derecho continental.

En España, específicamente en Madrid, considerada uno de los principales hubs Legaltech, el sector evolucionó con mucha rapidez y es la pauta para el crecimiento en América Latina, principalmente por el idioma y el sistema jurídico.

Mover el piso a los abogados

Las grandes firmas de abogados están incorporando cada vez más informáticos e ingenieros a sus equipos y además subcontratan tareas a las empresas Legaltech. Y es que el potencial es inmenso, porque muchas de las tareas vinculadas al negocio jurídico son automatizables. Según la consultora Mckinsey, 23% de estas funciones lo serían, una proyección que en 2017 llevó a Catalyst, un fondo de capital de riesgo, a valorizar el mercado Legaltech mundial en unos US$15.900 millones.

Y 2018 también fue un año de crecimiento de las empresas Legaltech en la región, tanto que ya se habla de la llegada de un boom latinoamericano en los próximos años. Un ejemplo es Lemontech, que nació hace más de 15 años en Santiago de Chile como una empresa de desarrollo de software a la medida. Llegaron por casualidad al segmento Legaltech y antes de que existiera la denominación. “Varios abogados nos pidieron soluciones tecnológicas y nos dimos cuenta de que había un nicho importante”, cuenta Fernando Leñero, director general de la empresa. “Nos tocó evangelizar, primero en Chile, convencer a los abogados tradicionales, enseñarles cómo la tecnología podía mejorar su negocio”.

El primer producto que empezó a comercializar Lemontech fue Timebilling, una solución para administrar y gestionar una firma legal. Diez años después lanzó Casetracking, que automatiza el seguimiento y la gestión de los juicios. “Esta solución ha sido un boom en los últimos años, con una curva de crecimiento exponencial”, destaca Leñero. “No solo lo vendemos a las firmas de abogados, sino también a las áreas legales de las grandes empresas”, agrega.

La empresa tiene presencia en más de 20 países y trabaja con más de 1.000 firmas de abogados. Posee oficinas comerciales en Chile, México, Perú y Colombia, y próximamente en Estados Unidos.

Conscientes de ser precursores del Legaltech en la región, Lemontech acaba de organizar el primer Legaltech Summit de América Latina, en la capital chilena, con la participación de varias iniciativas regionales y la asistencia de más de 600 abogados. “Le movimos el piso a los abogados”, resume Leñero, porque “o innovamos o nos morimos”.

Eventos como Legaltech Summit posibilitan el estreno en sociedad de nuevos emprendimientos. Tal como ocurre con el Global Legaltech Venture Day, una competición organizada por IE Law School, en conjunto con algunas Legaltech españolas. Cita que, en su última edición, y con la participación de startups de todo el mundo, tuvo como ganador a la empresa mexicana Lucius Report, una startup mexicana que ha desarrollado un asistente digital para el área de compliance. Lucius Report genera reportes de verificación de antecedentes (background check) o auditoría de compra (due dilligence) especializada en compliance anticorrupción. “Extraemos información de fuentes públicas de información, con algoritmos y robots de extracción de datos”, resume Guillermo Miranda, su director general.

La empresa, creada por abogados corporativos, ya ha entregado 2.500 reportes en menos de dos años. Una alta demanda que Guillermo Miranda intuyó luego de trabajar por años en la oficina de abogados Greenberg Traurig. Allí se dio cuenta de que los reportes de compliance, además de ser muy caros, no cumplían con las necesidades del mercado mexicano y decidió aventurarse a crear Lucius Report. Para Javier de Cendra, jurado del Global Legaltech Venture Day, una de las virtudes de Lucius Report está en que la empresa buscó desde su origen satisfacer una necesidad específica de su mercado, pero al mismo tiempo creó una herramienta que pronto se encontrará disponible en varios países latinoamericanos.

“Nuestro modelo de negocios lo pensamos desde el principio para que fuera escalable. Teniendo esa idea, programamos y diseñamos el sistema”, explica Miranda. “Entonces, para expandirnos solo necesitamos conseguir un socio local que tenga experiencia en compliance y transacción”, resalta.

La escalabilidad ha sido un problema para la mayoría de las startups latinoamericanas. Aunque las Legaltech podrían tener una ventaja: “Las startups con más opciones de sobrevivir son las herramientas que resuelven necesidades universales”, dice Javier de Cendra, “herramientas de investigación como ediscovery, que viajan bien a través de barreras jurisdiccionales. Las herramientas de analítica predictiva, optimizadas para un determinado tipo de sistema jurídico (por ejemplo, los países con tradición de Common Law), también pueden viajar bien de una jurisdicción a otra”.

Sistema cerrado

Quienes han sentido el problema de la escalabilidad son las empresas tecnológicas abocadas al intrincado sistema legal brasileño, y reunidas en la Asociación Brasileña de Lawtechs & Legaltechs (AB2L), que cuenta con más de 150 emprendimientos, donde más del 80 % se ha unido hace apenas un año.

Algunas iniciativas de Inteligencia Artificial (IA) han liderado una verdadera transformación del sistema legal. Es el caso de Juridoc, una empresa que hace parte del programa de aceleración de IBM, “Startup Farm Ahead”, que actúa bajo tecnología de IBM Watson. Juridoc es la primera plataforma brasileña para la creación de documentos legales y gestión de las formalidades administrativas para pequeñas y medianas empresas.

La plataforma Acordo Fechado es otro de los líderes del sector, y surgió a partir de un proyecto de un grupo de estudios de la universidad FGV Direito Rio. El principal objetivo de la iniciativa es desarrollar soluciones tecnológicas para disminuir el tiempo de los procesos en los tribunales, a un menor costo. La compañía ya superó los 50 mil procesos.

Aunque los emprendimientos más recientes parece que, finalmente, están mirando hacia afuera. Dos empresas brasileñas son pioneras en la apertura: RUI y Yousolve, ambas presentes en la ronda final del Globaltech Legal Hackathon, el evento del ramo más importante del mundo. Y son los únicos representantes latinoamericanos.

RUI es una plataforma que trata de facilitar el acceso a la justicia por parte de los consumidores. A través de chatbots, genera reclamos o demandas, audita contratos y facturas en busca de errores, y tiene la capacidad de darle seguimiento a las posibles demandas. RUI está enfocada a la inmensa industria brasileña de telecomunicaciones, pero es escalable a casi cualquier mercado.

Yousolve también busca resolver los problemas de los consumidores, pero desde una óptica diferente. Busca educar a estos acerca de sus derechos, explicándoles cómo resolverlos y defenderlos. La plataforma conecta a abogados con casos, según sus especialidades, tratando de evitar que ciertos procesos legales se conviertan en demandas.

Cambio de mentalidad

Lucius Report se autofinanció como también lo hizo Lemontech y la mayoría de las iniciativas Legaltech de la región. Pero no todas tienen esa suerte. Buscar inversores que decidan apostar en un sector incipiente y conservador a la vez no ha sido fácil. El listado de Codex muestra que menos de un puñado de empresas latinoamericanas lo ha logrado. Es el caso de Trato, una empresa mexicana fundada por Ignacio Bermeo y que ha logrado capitalizarse a través de rondas de financiamiento.

Ignacio Bermeo es un abogado atípico. A la par de su especialización corporativa, desarrolló profesionalmente el hobby que cultivaba desde niño: programar. Y en el 2000 trató de juntar sus pasiones en un portal que se llamaba abogados.com, aunque este sucumbió durante la caída de las puntocom.

Pero después de varios intentos, en 2014 entró en un programa del Founder Institute de Silicon Valley y fundó Trato. Desde ese momento, varios fondos de capital de riesgo han invertido en su modelo de negocios. Trato gestiona contratos y firmas electrónicas para empresas medianas y grandes que estén dentro de una industria muy regular: financieras, aseguradoras, empresas de movilidad.

Para Bermeo, hubo un cambio de mentalidad en los operadores jurídicos entre 2014 y 2016, cuando aceptaron la necesidad de la innovación en el sector. “En 2018, empezamos a crecer al lado de otras empresas Legaltech. Y la transformación ha sido radical. Estamos seguros de que en unos cuatro o cinco años esto va a estar muy avanzado”, proyecta.

Los fondos de capital de riesgo están invirtiendo, aunque de momento no hay un volumen ni de lejos parecido al de Estados Unidos o Europa. “Los mercados son más pequeños, la cultura es menos innovadora y la percepción del riesgo país tampoco ayuda”, lamenta el decano de Cendra. “Pero hay inversores importantes a ambos lados del Atlántico, e iniciativas como South Summit (plataforma global que conecta a innovadores del sur de Europa y América Latina, con los inversores y empresas globales)”.

“A nivel institucional, México está apostando fuerte por Legaltech”, dice de Cendra. “Las firmas locales de tamaño pequeño y mediano tienen dificultades para acometer la transformación digital, y las startups no tienen un mercado obvio, porque las firmas internacionales ya traen consigo sus soluciones. Es importante hacer esfuerzos regionales concertados, que unan financiación con universidades y con la industria, y que abran espacio suficiente para que empresas locales puedan hacerse un hueco con rapidez”, plantea como solución a la falta de financiamiento.

A pesar de los obstáculos y el rezago, habría un boom latinoamericano del Legaltech, coinciden todas las fuentes consultadas. “Estamos en un momento histórico, porque además los poderes judiciales en toda la región se están digitalizando”, dice Fernando Leñero, de Lemontech.

Se espera que para el 2020, el 60% de las firmas y gerencias legales en Latinoamérica incorporen algún tipo de robótica. Y aunque se escuchan frases como que “las máquinas van a reemplazar a los abogados”, el porcentaje de abogados que serán reemplazados por robots no supera el 5 %, según un estudio de la International Bar Association (IBA).

Por ahora, los abogados latinoamericanos no se tienen de qué preocupar con las máquinas; deben abrirse y adaptarse a lo que puede ofrecer la tecnología si pretenden mantenerse competitivos en sus mercados.