El gremio asegura que no hay condiciones de inversión de cara al proceso que busca adjudicar la frecuencia más apetecida por las empresas por sus condiciones de cobertura y velocidad.

Asomóvil, el gremio que reúne a los operadores Claro, Movistar y Tigo Une, anunció este martes que no considera que estén dadas las condiciones adecuadas para sacar adelante la subasta de espectro que prepara el gobierno y que busca mejorar y aumentar la cobertura de los servicios móviles en el país.

Con la última subasta de espectro para 4G, llevada a cabo en 2013, el Gobierno tuvo ingresos por $700.000 millones (unos US$245 millones), al tiempo que el mercado pasó de tener tres operadores a ocho.

De acuerdo con Nancy Patricia Gutiérrez, presidenta de Asomóvil, hoy el escenario es muy diferente: el sector lleva dos años con crecimientos negativos, lo que es diciente de un entorno complejo para la inversión.

Según Gutiérrez, es necesario que se saque adelante el proyecto de ley que busca crear un regulador convergente para las comunicaciones, que se encuentra radicado pero que hasta el momento no se ha discutido en el Congreso. Además, ampliar los plazos de adjudicación del espectro a los operadores y que los recursos que aportan las empresas al Estado por prestar los servicios se inviertan en ampliar las coberturas en zonas rurales, entre otras, son algunas de las medidas que indica el gremio como necesarias para seguir adelante con este proceso.

El anuncio de Asomóvil surge justo el mismo día en que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se prepara para anunciar el segundo borrador de las condiciones para el proceso.

La presidenta de Asomóvil afirmó que es necesario garantizar las condiciones que reactiven el sector antes d e seguir con la discusión de una nueva adjudicación de espectro, en este caso, de la banda de 700 MHz, la más esperada por las empresas por su buena cobertura y velocidad, dos atributos que difícilmente coinciden en el espectro radioeléctrico, aquella suerte de autopista invisible por donde viajan las comunicaciones.

Gutiérrez afirmó que entre los factores que han minado la confianza en la seguridad jurídica se encuentran el reciente laudo arbitral que obligó a Movistar y Claro a pagar $4,7 billones por la llamada reversión de activos de telecomunicaciones y el aumento en los topes de espectro de cara a la subasta, precisamente para que Movistar y Claro, que estaban al borde del límite, pudieran participar.

De acuerdo con Daniel Medina, exministro TIC, la situación es lamentable. "El mensaje es: esperemos al próximo gobierno para hacer la subasta. Y confirma el mal momento económico del sector y la necesidad de adoptar una política integral proinversión. Con la campaña política al rojo, el proyecto de ley de convergencia en el congelador, pues es muy difícil avanzar en un tema tan complejo", afirmó.