El organismo definió que el proyecto no entrega seguridad de que los datos producidos en Chile no serán vendidos a particulares. Asimismo, cuestionó que no se realizara una licitación pública para que Amazon sea parte de la Fundación Data Observatory.

El pasado 21 de noviembre los ministros de Economía, Ciencia y Tecnología y los representantes de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), firmaron junto a la multinacional Amazon los estatutos que dieron vida a la Fundación Data Observatory (FDO). El alcance de la instancia buscaba “procesar y almacenar datos” generados por “instituciones de carácter público y privado”. La instancia podría “disponibilizar”, datos sobre astronomía, cambio climático, generar información para sectores como educación, economía, entre muchos otros. El aporte fue definido por el presidente Sebastián Piñera en 15 mil millones de pesos (unos US$ 19 millones).

Hasta ese minuto el Gobierno daba por sentado que la iniciativa sería aprobada inmediatamente por la Contraloría. Sin embargo, se equivocó, porque el pasado 3 de septiembre, el organismo fiscalizador “representó” o en otras palabras cuestionó la legalidad del decreto firmado por ambas carteras el 30 de enero de 2020, al encontrar una serie de anomalías administrativas que podrían echar por tierra la sola creación del FDO, uno de los proyectos estrella lanzado por Sebastián Piñera en materia de innovación.

De acuerdo al oficio que obtuvo la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, la entidad de control estimó que la fundación creada a tal efecto, no evidencia cómo evitará la comercialización de los datos.

Para llegar a esa conclusión, la Contraloría estimó que el Gobierno usó un mecanismo de trato directo para que una empresa privada integre el Estado sin entregar fundamentación para recurrir al mecanismo.

“Teniendo en consideración el volumen de información y la amplitud de operaciones que pueden tener lugar al amparo del objeto de la Fundación, no se advierten garantías suficientes que resguarden la correcta utilización por parte de los particulares intervinientes (Amazon) de los datos de los entes públicos y que impidan su comercialización en desmedro del patrimonio público y la igualdad de oportunidades que el Estado debe asegurar a los integrantes de la comunidad”, razonó la entidad que dirige Jorge Bermúdez.

Pedro Huichalaf Roa, abogado, investigador del Centro de Ciberseguridad de la Universidad Mayor y exsubsecretario de Telecomunicaciones, aseguró que “hay un cuestionamiento respecto a qué se hará con esa información”.

“Aquí no se aplica la Ley de Datos Personales propiamente tal, pero sí la información que se obtiene científica que genere un valor agregado, que en otros países se vende, que se puede procesar y tenemos una ganancia, digámoslo así, social”, asegura el exfuncionario.

“(…) acá se lo representa como algo privado y en definitiva es como que el Gobierno le está dando un negocio a algunas empresas y excluye obviamente a otras y no hay una finalidad de qué es lo que va a suceder con toda información que se genera (…) es un modelo de negocios almacenar información”, añadió.

Sector privado

El dictamen, que ya fue notificado a la cartera de Economía, también critica la ausencia de una licitación pública atendido que incluyó a una “persona jurídica (…) del sector privado”.

“Tal proceder (…) ha importado conferir a los particulares intervinientes un privilegio significativo en relación con terceros que puedan encontrarse en similares o mejores condiciones (…) para celebrar el contrato en cuestión”, se lee en el documento.

Otro cuestionamiento apunta al porqué el Gobierno eligió a la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) para integrar la instancia, ya que carece de la carrera de Astronomía ni menos especialistas en investigación en la disciplina. En la misma línea criticó que la UAI tenga una participación indefinida, ya que “pugna con la libre concurrencia de los oferentes”.

El profesor de Derecho Público de la Universidad de Chile, Cristóbal Osorio, explicó que la resolución es positiva, ya que establece un nuevo rango de análisis, respecto de otros actores que podrían participar también de la iniciativa y que son parte del Estado.

“Hoy en Chile existen universidades públicas, existen otro tipo de fundaciones que tienen un desarrollo de bastantes años en análisis de datos que no fueron consideradas y (…) que fue analizada por la Contraloría respecto de declarar la ilegalidad de esta fundación (con Amazon)”, declaró.

Por último, la Contraloría razonó que no existe un fundamento claro del porque el Consejo de Aportantes Estratégicos, tengan el derecho de acceder “a los datos procesados y bases de datos generados por las Fundación”.

Según Huichalaf, la decisión gubernamental busca anteponer los bienes privados por sobre los bienes públicos.

Economía responde

A través de un cuestionario enviado por este medio, desde el Ministerio de Economía se indicó que se evalúan los pasos a seguir para revertir el criterio de la Contraloría, pero criticó que, en dos oportunidades anteriores, fue aprobado por el mismo organismo.

– El dictamen en comento establece que la creación del FDO “no se ajusta a derecho” y detalla una serie de anomalías administrativas en cuanto a su redacción y alcances. ¿Qué les parece este documento? ¿Afectará la continuidad de la Fundación?

La Contraloría General ya había tomado razón de dos decretos anteriores, el decreto N° 164, de 2018, modificado por el N° 75, de 2019, ambos del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, en los cuales se autorizó a los ministerios de Economía, Fomento y Turismo y de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, formar y constituir en su representación una fundación privada sin fines de lucro denominada “Fundación Data Observatory” (DO). En ninguna de las dos tomas de razones anteriores la Contraloría planteó ninguna objeción como las del presente oficio devolutorio, por lo cual consideramos que la continuidad de la Fundación no se verá afectada.

– ¿Qué caminos administrativos o procesales adoptará la cartera ante la determinación de la entidad de control? ¿Reconsideración? ¿Recurso de Protección?

Se está evaluando el mejor camino a seguir en conjunto con nuestros socios fundadores, para que el proyecto cumpla con todas las exigencias que sean necesarias.

– El documento destaca la ausencia de licitación pública. A renglón seguido que no existen garantías para la administración del volumen de datos. ¿Comparte dicha apreciación la cartera?

Para la creación de esta Fundación se realizó una convocatoria pública a través de un “llamado a presentar propuestas de valor”, cuyo extracto se publicó el 7 de enero de 2019 en el diario La Tercera y en el sitio web institucional del Ministerio, y cuyo cierre y recepción de propuestas se extendió hasta el 15 de marzo de 2019.

El llamado estaba dirigido a todos aquellos proponentes, personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que estuvieran interesadas en presentar propuestas para incorporarse como fundadores del FDO, y tras su publicación se recibieron tres propuestas en total. Las únicas dos propuestas que cumplieron con los requisitos de dicho llamado fueron las presentadas por UAI (Universidad Adolfo Ibáñez) y AWS (Amazon).

Con respecto a las garantías de administración de datos, el FDO cuenta con las capacidades e infraestructura para manejar un gran volumen de datos, y lo más importante, formar en esta materia a los futuros profesionales de nuestro país que lideren la transformación digital fundamental para el desarrollo futuro de Chile.

– Además, cuestiona que la Universidad Adolfo Ibáñez haya sido elegida como el ente académico que, para integrar la iniciativa, máxime cuando dentro de su oferta educacional o de investigación, no cuenta con la especialidad de Astronomía.

El FDO no está restringido únicamente a los datos astronómicos pues su objetivo es desarrollar las capacidades y conocimientos en Ciencias de Datos, un área donde la Universidad Adolfo Ibáñez se ha destacado.

– ¿Qué dice al respecto el ministro Palacios, quien es uno de los fundadores de este observatorio?

Este es un proyecto que el Ministerio de Economía viene impulsado desde el año 2016 a través del programa de “astroinformática” de Corfo, ya que se presenta como una gran oportunidad para que el Estado de Chile aporte en la disponibilidad de datos para lograr obtener un mayor desarrollo científico, tecnológico, de innovación y conocimiento, que permita al país ir transitando hacia una economía basada en el conocimiento y la innovación.