Según el director de la agencia, el FBI no pudo obtener acceso al contenido de 7.775 dispositivos durante el año fiscal de 2017 a pesar de tener una orden judicial.

Cromo - El Observador. El director del FBI, Christopher Wray, renovó el llamado a las compañías tecnológicas para que ayuden a obtener acceso a smartphones cifrados, describiendo a la encriptación como un "importante problema de seguridad pública".

Wray dijo que la agencia no pudo obtener acceso al contenido de 7.775 dispositivos durante el año fiscal de 2017 a pesar de tener una orden judicial.

"Ser incapaz de acceder a casi 7.800 dispositivos en un solo año es un gran problema de seguridad pública", afirmó. Y añadió: "No estamos interesados en los millones de teléfonos de los ciudadanos comunes, sino en los utilizados para planificar o ejecutar actividades terroristas o delictivas".

En la conferencia internacional de la Universidad de Fordham sobre ciberseguridad, Wray prosiguió: "Necesitamos trabajar juntos, el gobierno y el sector privado, para encontrar un camino a seguir".

El Departamento de Justicia acudió a la Justicia en 2016 para obligar a Apple a obtener acceso al iPhone de un atacante muerto después de un tiroteo masivo en San Bernardino, California, que acabó con la vida de 14 personas y dejó más de 20 heridos. Esa batalla terminó cuando el FBI pagó US$ 900 mil a un tercero para que hackeara el teléfono.

El subprocurador general Rod Rosenstein insinuó el año pasado que la administración de Donald Trump tomaría medidas más agresivas si las compañías no pueden llegar a un "cifrado responsable" que otorgue acceso a la ley después de que se obtenga una orden.

La respuesta por parte de la industria siempre ha sido la misma: una negativa rotunda a dar acceso libre a los contenidos de sus usuarios. Apple logró que todo el sector la respaldara al defender ques altarse la privacidad de sus móviles en algunos casos podría sentar un precedente en favor de la instalación de "puertas traseras" que facilitaran el acceso al gobierno de forma indiscriminada o, incluso, a los propios ciberdelincuentes.