La ONG Derechos Digitales denunció que el uso de software de espionaje es una práctica contraria a los estándares legales de los países latinoamericanos. Pero, ¿qué tan expandida está en tu país?

Los gobiernos de Brasil, México, Colombia, Chile, Ecuador, Honduras y Panamá compraron y usaron el software de espionaje más intrusivo proporcionado por la empresa “Hacking Team”. Los hechos salieron a la luz el pasado julio, cuando 400 GB de documentos internos y correos electrónicos de la compañía italiana fueron hackeados y publicados.

Este año, el colombiano Andrés Sepúlveda, el “hacker de Latinoamérica”, aseguraba haber manipulado elecciones en la región durante ocho años. Pero ¿qué implica esta práctica para las democracias de estos países a largo plazo? Gisela Pérez de Acha, especialista en políticas públicas de la ONG Derechos Digitales, planteó la pregunta esta semana en la conferencia sobre sociedad digital re:publica, en Berlín.

El software de espionaje “Remote Control System” (RCS) permite acceder a una computadora o a un celular como si fuera el mismo usuario. De esta manera se interceptan fácilmente todo tipo de contraseñas, contactos, correos electrónicos, llamadas, conversaciones de Skype, lugares visitados de internet y toda información almacenada en los dispositivos.

Sin embargo, su uso es contrario a los estándares legales de cada país de la región y viola el derecho a la privacidad, a la libertad de expresión y a su debido proceso, concluye el informe de Derechos Digitales "Hacking Team Malware para la Vigilancia en América Latina", presentado en Berlín esta semana.

“Sin una autorización judicial para una investigación, en ningún estado latinoamericano es legal intervenir comunicaciones privadas, y mucho menos dispositivos electrónicos a distancia”, explicó la abogada y encargada de la investigación del informe de la ONG Derechos Digitales, Gisela Pérez.

¿Repercusiones legales?

Hasta el momento, Panamá es el único país que ha abierto una investigación sobre este caso que involucra directamente al expresidente Ricardo Martinelli. Según los documentos filtrados, Martinelli negoció personalmente este software con Hacking Team.

En ellos se puede leer cómo funcionarios de gobierno de Argentina, Venezuela, Perú, Guatemala, Paraguay y Uruguay también negociaron precios con Hacking Team, pero no llegaron a cerrar la compra de programas de espionaje.

Pese a todo, la empresa italiana sigue operando a nivel global. El pasado mes de octubre Ciudad de México fue la sede de la feria ISS (Intelligence Support Systems) donde Hacking Team volvió a ofrecer sus servicios a la región.

Ese mismo mes la Comisión Europea actualizó y puso en vigor la normativa 428/2009 para tecnologías de doble uso, que restringe la exportación de este tipo de software.

México, el cliente más importante de HackingTeam

Ocho de las diez instituciones mexicanas que compraron con dinero público el software de espionaje por seis millones de euros, carecen de permiso legal para interceptar comunicaciones privadas y acceder a dispositivos electrónicos. Según el informe de la ONG Derechos Digitales, periodistas, activistas y opositores políticos fueron espiados ilegalmente con el programa RCS.

Por la propia historia de autoritarismos y violaciones de Derechos Humanos en América Latina, “con este tipo de prácticas confirmamos que se trata de democracias institucionalmente muy débiles”, señaló Gisela Pérez en su ponencia. “La resistencia en este contexto es muy importante porque el espionaje ilegal disminuye los espacios de disenso“, concluyó.

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