El fallo que obliga a las operadoras a pagar más de US$1.500 millones no sólo equivale a la inversión anual toda la industria telecom, también puede significar complicaciones para conectar a los millones de colombianos sin internet

Eleconomista.com.mx. En los últimos días de junio se encontraron en el balneario de Cartagena altos ejecutivos de Telefónica y América Móvil con sus pares del resto de la industria; fue durante un congreso de telecomunicaciones y hasta allí los acompañaron funcionarios del gobierno nacional colombiano que diseñan y ejecutan la política pública de ese país para el sector. De entre los temas de IoT, video o acceso universal a la banda ancha que platicaron en público, también tocaron fuera de foco el espinoso asunto de 1994 sobre la reversión de activos por parte de Claro y Movistar a favor del Estado.

Ya por la tarde de la última fecha de conferencias, un viernes, hubo versiones de que las partes habían empezado a tejer consensos para desaparecer en definitiva y en buenos términos para todos a un fantasma que durante 23 años ha venido espantando el sueño a Comunicación Celular de América Móvil (Comcel-Claro) y a Colombia Telecomunicaciones de Telefónica (Coltel-Movistar), aunque al final no ocurrió así. Inclusive, un viceministro afirmó horas antes a unas trescientas personas que las buenas relaciones industria-gobierno y el proceso de paz con la guerrilla ahora abrían el campo para “montar una torre por cada rifle entregado” en las zonas históricamente desconectadas, empujando todavía más la conectividad en el territorio colombiano, hasta esas 16.5 millones de personas que todavía no conocen un buen servicio de Internet.

Pero esta intención, así como los buenos vínculos empresa-Estado y el liderazgo de Colombia como un país creativo de políticas públicas de avanzada en América Latina en cuanto telecomunicaciones o TICs pierden empuje y se quedan en entredicho por el fallo de un tribunal local que sentencia a las filiales de AMX y Telefónica a desembolsar, en combinación, alrededor de US$1,585 millones como compensación por una polémica devolución no cumplida de activos físicos e intangibles, previsto en los contratos de concesión de Comcel y Movistar de 1994, pero que después fue derogada y luego no.

La decisión de los juzgados además quita brillo a la imagen de Colombia como un país atractivo para la inversión, pues el monto económico que Movistar y Comcel -ambas subsidiarias de multinacionales extranjeras- deben cumplir ante el Estado colombiano supone en equivalencia el dinero total que toda la industria de telecomunicaciones invierte en más de un año en el país suramericano.

Cálculos a botepronto de diversos analistas sugieren igual que el dinero demandado por los jueces como cumplimiento supone un tercio de todo lo ingresado por Movistar y Comcel en su ejercicio del 2016; entre el 29 y 32% del dinero levantado en Colombia por ambas marcas en ese año.

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Lo que impacta a la industria colombiana de telecomunicaciones trastoca a toda la economía de esa nación: las aportaciones del sector telecom, que emplea a unas 70.000 personas, equivalen al 3,8% Producto Interno Bruto de Colombia, así fue en 2016, según la GSMA, y un cumplimiento de deberes como mandata el fallo del tribunal obligaría a las telefónicas implicadas a redefinir sus planes de inversión en el despliegue de nuevas redes con servicios avanzados, al menos a la baja en aquellas zonas donde los mercados aún no son tan rentables.

Además, una de las empresas obligadas a cumplir con el mandato del juez, Claro, es la marca mejor valorada en toda Colombia y la quinta de Latinoamérica, más que, en ese orden, la petrolera Ecopetrol, los financistas Bancolombia y el Banco de Bogotá o las competidoras ETB y Tigo, según Millward Brown Optimor, de ahí que las acciones y oraciones sobre esas compañías repercuten en todo el sector económico local.

Colombia es por estos días uno de los mercados con mejor sex appeal en Latinoamérica para las multinacionales de todas las industrias, porque posee una economía que avanzará 2.6% este año, más que el promedio general de la región; una moneda que se ha mantenido estable a lo largo del 2017, pues su divisa se había depreciado 0.34% hasta el viernes pasado en el acumulado de casi ocho meses; porque también mantiene el desempleo más bajo en 16 años, en 8.7%, y 22.8 millones de colombianos tienen trabajo; medio millón encontraron empleo sólo en junio, y ese ambiente económico se ve reforzado por la que parece ser la solución definitiva al problema de la guerrilla, todas, cifras presumidas desde el Palacio de Nariño y respaldadas por el FMI.

Esos números también los conocen los actores de la industria de telecomunicaciones, que no dejan, o hasta hace unas semanas, en Cartagena, no dejaban de presumir y poner a Colombia como ejemplo sobre lo que otras naciones deben emular en el sector y por eso hasta Colombia la industria ha llevado sus foros internacionales más importantes, allí, donde México y su reforma han llegado a ser opacados por los ejemplos colombianos en logros de banda ancha, despliegues de redes 4G LTE o acerca de un proyecto nacional de red de fibra óptica que bien puede ser la envidia de muchos países.

Colombia es en realidad una de las pocas naciones en este hemisferio que ofrecen certeza a la inversión: mientras Brasil y Venezuela se hunden en crisis políticas y económicas, o en lo que Argentina regresa a los mercados de capitales, al tiempo que Perú y Chile maduran más sus economías, el país colombiano promete respeto a la inversión, con legislaciones modernas apegadas a la realidad de mercado, pese a que en este caso en particular la ley empata más con políticas públicas latinoamericanas de los años 60s para telecomunicaciones.

La decisión de los jueces respecto a Movistar y Comcel, dice Gustavo Fontanals, analista telecom en la Universidad de Buenos Aires (UBA), golpea esa imagen de país moderno y arropador que Colombia ha intentado crearse desde los atribulados años de 1990.

Colombia no se desligará de esa imagen de acogida que se ha creado: pronto estará dando techo a 150.000 venezolanos que intentan huir del hoyo en que el chavismo ha convertido a Venezuela. En la práctica es una devolución moral de favores, pues ya en los 80 y 90, la pujante y petrolera Caracas acogió a miles de colombianos cuando la crisis del narco y la guerrilla. Pero en el rubro del arropamiento a la inversión otra parece ser la cara de Colombia con sanciones difíciles de entender:

“La sanción es muy dura y las empresas seguro van a buscar negociar. Estoy seguro de que ni la Presidencia ni el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones querían esto. Es muy duro, porque es pelear con dos empresas muy grandes que manejan servicios esenciales, que generan alto empleo, pago de impuestos y que tienen una alta capacidad de inversión, y puede que también es mala señal para otros inversores”.

Más que señales, el fallo del tribunal despierta las dudas de los analistas sobre quién pagará la parte correspondiente de Movistar respecto esta reversión de activos, pues el Estado es dueño del 32% de la subsidiaria local de Telefónica en Colombia. Si el dinero para cumplir con el compromiso saldrá de los bolsillos de Movistar o del erario del país es un tema que no tardará en definirse, como tampoco deberá soslayarse que pronto esta historia se verá presionada por el hecho de que el Estado colombiano tendrá que inyectar capital para garantizar las pensiones de cerca de 15.000 trabajadores de Movistar, de la extinta Coltel.