La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dijo que tomó la decisión por el posible incumplimiento de cinco requerimientos sobre normas de comercio electrónico exigidos a la startup colombiana.

Bogotá. La autoridad para la protección de los derechos de los consumidores en Colombia anunció este miércoles una nueva investigación contra la aplicación de entregas Rappi por el presunto incumplimiento de una orden previa para acatar normas de comercio electrónico que podría ocasionar millonarias multas.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dijo que tomó la decisión por el posible incumplimiento de cinco requerimientos exigidos a la colombiana Rappi a finales de agosto.

“No tener un canal de PQRs (peticiones, quejas y reclamos) para sus consumidores, el hecho de que aún generan una confusión en los términos y condiciones respecto de la solidaridad que existe entre ellos y los comercios por medio de los cuales obtienen los productos que venden”, dijo a periodistas el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto.

“El hecho de que aún el precio final para el consumidor es desconocido y puede variar, el hecho también de que no están dándole total atención a las reclamaciones que se están presentando y en ese sentido nos llama la atención de que no estén cumpliendo con esas recomendaciones de esta superintendencia”, explicó el funcionario.

Rappi -que recibió una inyección de US$1.000 millones del SoftBank de Japón- se autodefine como una aplicación de entrega multipropósito, a través de la que es posible comprar cualquier tipo de productos de diferentes categorías, desde restaurantes, supermercados y bebidas hasta realizar transferencias e incluso pagos en establecimientos.

Para la Superintendencia de Industria y Comercio, la aplicación supera el alcance de solo ser un portal de contacto, sino que hace parte de la cadena de comercialización.

Rappi dijo que estaba esperando ser notificada por la superintendencia, pero el cofundador de la compañía, Simón Borrero, llamó al organismo a dialogar sobre los requerimientos.

“Me encantaría poder reunirnos con ellos y hablar las cosas. Estamos tratando de construir una gran compañía que le beneficia al país”, dijo Borrero en una vídeo conferencia con periodistas.

“Las demandas son por cosas que no son la realidad de nuestro negocio. Nos ponen contra la pared”, agregó.

Según la Superintendencia, Rappi -que además de Colombia también opera en Brasil, México, Argentina, Chile, Perú, Uruguay y Costa Rica- podría recibir multas sucesivas de hasta 1.000 salarios mínimos legales vigentes, equivalentes a unos US$245.000 cada una.