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Así como 2020 quedará marcado por la pandemia del COVID-19, 2017 registró un hito en la historia de internet. Ocurrió particularmente en la industria de la seguridad digital, con la “ciberepidemia” derivada de WannaCry, el ransomware que infectó millones de equipos por todo el mundo.

Este ataque se caracterizó, como todo ransomware, por paralizar y secuestrar la información de los equipos infectados, encriptando los datos y pidiendo un rescate financiero por ello a las víctimas. Pese a que logró ser contenido en buena parte con diversas actualizaciones y soluciones de seguridad, la “enfermedad” sigue presente.

Tal como reveló un reciente reporte de Kaspersky, este ransomware cerró el pasado año ocupando el primer puesto de las familias de encriptadores más frecuentes, siendo casi un tercio (30%) de los destinatarios de este tipo de extorsión usuarios corporativos.

Lo relevante de esto radica en que este tipo de campañas tiene un enorme potencial, al punto en que se estima que durante 2019 las empresas perdieron una media de US$1,4 millones por incidentes de ransomware, entre los que se incluyen los costes por el tiempo de inactividad, sanciones y daños reputacionales.

Esta es una de las muestras evidentes del impacto en los negocios que tiene esta industria.

Pero no todo se limita al sector empresarial. La seguridad digital también se ha transformado en un elemento de incalculable valor para gobiernos y agencias estatales.  Así lo grafica la acusación de Estados Unidos a China, denunciando que hackers vinculados a la nación asiática están atacando organizaciones estadounidenses que realizan investigaciones sobre el COVID-19.

Las autoridades afirmaron que estaban monitorizando “intentos de identificar y obtener ilícitamente valiosa propiedad intelectual y datos de salud pública relacionados con vacunas, tratamientos y pruebas de redes y personal afiliado a la investigación relacionada con COVID-19”. Como es natural, China niega rutinariamente las acusaciones de Estados Unidos.

Por supuesto, estas rencillas no son una novedad, desde marzo se vienen registrando intentos de ingresar a servicios de la OMS y de laboratorios privados, sin contar el historial de disputas políticas en la red entre ambas naciones.

Dado este contexto, no es sorpresa encontrarse con iniciativas que busquen potenciar servicios y habilidades de ciberseguridad. Tal es el caso de Cisco y la OEA, quienes anunciaron en conjunto la apertura de un fondo de canasta de US$150.000 para financiar proyectos de innovación en esta materia.

Impulsado por el contexto global derivado del COVID-19, la iniciativa entrega a su vez la posibilidad de cursar gratuitamente dos programas especiales de  Cisco Networking Academy. Todo esto es parte de los Consejos de Innovación en Ciberseguridad, firmada por la OEA y CISCO en 2019, una alianza que promueve recursos educativos y la adopción de buenas prácticas en ciberseguridad.

Como escuché en una de las charlas que esta semana realizó AméricaEconomía en el evento Education 2020, aún falta mucho para tomar real conciencia sobre la importancia de la ciberseguridad. Así como evolucionó la valoración de acciones para combatir el cambio climático, esperamos que pronto la consideración para con la seguridad digital sea transversalmente similar.